Un recurso imprescindible para víctimas de violencia sexual
La Ley de garantía integral de la libertad sexual ha empezado a transformar la atención a las víctimas en España. Una de sus medidas estrella es la creación de 59 centros de atención integral 24 horas distribuidos por todo el país. Estos espacios funcionan como refugios seguros a los que cualquier mujer o persona agredida puede acudir a cualquier hora del día para recibir ayuda inmediata. El planteamiento es claro: cada minuto cuenta cuando se trata de violencia sexual, y por eso el acceso no puede depender de horarios ni trámites burocráticos.
Esta norma nace de la convicción de que la violencia sexual no es un asunto privado, sino un problema social que exige respuestas públicas. Los centros 24 horas son un símbolo de ese cambio: están pensados para dar cobertura en grandes ciudades y en pequeñas localidades, conectando con servicios de emergencia y con las fuerzas de seguridad para agilizar la protección y las pruebas periciales.
Servicios médicos, legales y psicológicos en un mismo lugar
Cada uno de estos centros cuenta con equipos interdisciplinares que ofrecen apoyo médico para atender lesiones, prevención de infecciones y seguimiento sanitario. Pero la atención no se queda ahí: también hay asesoría jurídica para explicar los derechos de la víctima, acompañarla en la denuncia si decide interponerla, y orientarla sobre posibles compensaciones. Además, se proporciona apoyo psicológico inmediato y seguimiento terapéutico para ayudar a superar el trauma.
Uno de los aspectos más innovadores es que los profesionales de estos centros están formados en perspectiva de igualdad de género y trauma, de modo que su intervención evita revictimizaciones. La ley recoge protocolos claros para que se respete la autonomía de la persona agredida y se atienda a sus necesidades, y obliga a las administraciones a coordinarse para garantizar que el apoyo sea efectivo y no revictimizante.
Reconocer todas las formas de violencia sexual
La ley de libertad sexual amplía el concepto de violencia sexual para incluir agresiones que hasta ahora quedaban invisibilizadas. Se reconoce la violencia digital, como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso en redes sociales o la utilización de contenidos manipulados para extorsionar. También se contempla la llamada violencia vicaria, que utiliza a hijos o familiares para dañar a la mujer, y la violencia económica que limita la autonomía a través del control del dinero.
Esta visión integral obliga a que los nuevos centros y los servicios judiciales cuenten con herramientas para actuar en estos casos, asesorar sobre la retirada de contenido online y coordinar la protección de menores. Las campañas de sensibilización asociadas a la ley insisten en que el consentimiento se coloca en el centro: solo un sí es sí, y la ausencia de un no no significa consentimiento.
Prevención, formación y cambio cultural
Más allá de la asistencia inmediata, la ley hace hincapié en la prevención. Se prevé la elaboración de programas educativos sobre sexualidad saludable y el fomento de relaciones basadas en el respeto. Las escuelas, universidades y medios de comunicación tienen un papel esencial en desmontar mitos y estereotipos que normalizan la agresión. Los centros 24 horas se convierten también en espacios de formación permanente, ya que sus equipos participan en talleres para profesionales de la salud, la justicia y la educación.
La coordinación con otras normas recientes, como la ley de protección integral a la infancia en entornos digitales o la futura ley contra la trata y la explotación sexual, refuerza la red de seguridad. De esta forma se construye un sistema coherente que abarca prevención, sanción y reparación, y que aborda la violencia sexual desde sus raíces estructurales.
Llegar a todo el territorio y proteger a las más vulnerables
Para garantizar que nadie quede fuera, la red de centros se complementa con unidades móviles y convenios con ayuntamientos. Se quiere asegurar la cobertura en zonas rurales y en territorios insulares donde la distancia suele ser un obstáculo. Además, se están creando equipos de acompañamiento específico para personas con discapacidad, jóvenes y población migrante, colectivos que en muchas ocasiones enfrentan barreras adicionales para denunciar.
El reto de la igualdad de género pasa por que todas las mujeres, independientemente de su origen o situación, tengan acceso a derechos y servicios. La ley prevé evaluaciones periódicas para ajustar los recursos y escuchar a las víctimas, de modo que las políticas evolucionen según las necesidades reales.
Un compromiso social inaplazable
Los 59 centros de atención integral 24 horas son solo la punta del iceberg de un compromiso más amplio: acabar con la violencia sexual en nuestra sociedad. Se trata de un desafío que incumbe a todos. Cada persona tiene la responsabilidad de informarse, desmontar prejuicios y acompañar a quienes sufren. Instituciones, empresas y medios deben impulsar una cultura de respeto y tolerancia cero.
Con la ley de libertad sexual, España da un paso decisivo hacia una sociedad en la que el consentimiento, la igualdad y la dignidad sean valores incuestionables. Los nuevos centros representan un abrazo colectivo a quienes han sido silenciadas durante años. Ahora es el momento de seguir construyendo, exigir recursos suficientes y vigilar que la ley se aplique en cada rincón del país. Porque una sociedad que protege a las víctimas y sanciona a los agresores está más cerca de la verdadera libertad.
